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Investigan prácticas monopólicas en comercio electrónico

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Prevén multas hasta por 8.0% de sus ingresos.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación de oficio, por la probable realización de Prácticas Monopólicas Relativas en el mercado de servicios de plataformas de comercio electrónico en México y otros servicios relacionados.

“De comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta 8.0 por ciento de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta”, precisó a través de un comunicado.

En el caso de las personas físicas que hayan participado en representación o por cuenta y orden de las empresas en dichas prácticas, podrían recibir sanciones equivalentes a 200 mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal (hoy Unidades de Medida y Actualización o UMAs), inhabilitación para ejercer cargos de dirección hasta por cinco años y para los coadyuvantes, multas de hasta 180 mil UMAs.

Explicó que las prácticas monopólicas relativas son actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan las empresas con poder sustancial con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos.

Citó como ejemplo de este tipo de prácticas, las compras o ventas atadas, la depredación y discriminación de precios, la elevación de los costos a otros agentes económicos, la negativa de trato, entre otras.

“Esta es la primera vez que se abre una indagatoria relacionada con el mercado digital… si bien las plataformas de comercio electrónico representan más opciones de compra, así como presión competitiva para quienes comercializan a través de mercados tradicionales los mismos bienes y servicios, las autoridades de competencia deben vigilarlos para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia”.

La investigación, con número de expediente IO-002-2017, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quien (es), de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación.

Explicó que el periodo de la indagatoria prevé hasta 120 días hábiles, contados a partir del 26 de septiembre de 2017, fecha de inicio de la investigación; sin embargo, el periodo de investigación podría ser ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones adicionales.

Luego de hacer un llamado para que cualquier persona que cuente con información o pueda colaborar con el procedimiento se acerque a esta institución reguladora, precisó que si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el Pleno podría resolver el cierre de la investigación.

En caso contrario de que se encuentren fundamentos de los cuales se presuma la violación a la Ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.
C$T-EVP

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