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Sancionarán la comercialización de bases de datos

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Presentarán iniciativa en febrero.

Las instituciones financieras que violen el derecho a la privacidad de sus clientes o que sin su consentimiento comercialicen sus datos personales directamente o a través de interpósita persona, para ofertar productos vía telefónica o correo electrónico, podrían ser sancionadas hasta con 150 mil pesos.

Esto de acuerdo con la iniciativa de reforma al artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho a la privacidad y seguridad jurídica de los ciudadanos, la cual será sometida para su aprobación al pleno de la Cámara de Diputados en el periodo ordinario de sesiones de febrero próximo.

El diputado Edgar Romo García (PRI), asentó que la propuesta atiende los constantes reclamos de los usuarios de instituciones financieras y proveedores de servicios, que utilizan sin autorización sus datos personales para ofertar diversos productos y servicios.

Resaltó que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y de la Procuraduría Federal del Consumidor, en 2017, cuatro de cada 10 quejas recibidas contra instituciones financieras, correspondieron a denuncias sobre constantes llamadas telefónicas y correos electrónicos de diversos oferentes de servicio.

“Somos testigos de malas prácticas por parte de las instituciones financieras, que incurren en invasión o acoso mediante insistentes llamadas en horarios poco adecuados, múltiples correos electrónicos, visitas a domicilio e incluso al lugar del trabajo, así como cuestionamientos y hasta regaños ante la negativa de adquirir lo ofertado”, subrayó el legislador.

La iniciativa turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, modifica el artículo 16 de la Constitución y diversos artículos de las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y de Protección al Consumidor para otorgarles la facultad a estas instancias de aplicar sanciones.

Según la iniciativa, estas sanciones podrían oscilar desde los 18 mil 872 pesos, hasta los 150 mil 980 pesos a instituciones bancarias que violen el derecho a la privacidad o que sin consentimiento del usuario otorguen sus datos personales a proveedores de servicios.

El diputado manifestó que con esta propuesta, tanto la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quedarán jurídicamente fortalecidas para aplicar sanciones y mejorar la defensa de los usuarios de estos servicios.

“La iniciativa surge de la necesidad de fortalecer el derecho a la privacidad y garantizar que las personas no sean molestadas con respecto al mal uso de su información personal”.

C$T-EVP

Acerca de Arturo Gómez

Laboró en el periódico El Financiero, y actualmente es colaborador en distintos diarios de circulación nacional, así como revistas especializadas.

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