sábado, julio 4, 2020

INMECOB: la ‘reforma laboral’ (recorte) de los reguladores de competencia económica

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Jesús Romo de la Cruz
Jesús Romo es analista y consultor especializado en política pública de telecomunicaciones y TIC. Desarrolló desde 2014 la marca y el portal Telconomia en donde publica regularmente análisis sobre la interacción entre la tecnología, la regulación y política pública de telecomunicaciones. Ha asesorado como consultor y analista a organizaciones y operadores en México y Estados Unidos.

La iniciativa presentada por el Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador y coordinador de Morena en esa Cámara, para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB) implica una “reforma laboral” de los reguladores de competencia económica (IFT, COFECE y CRE) más que una reforma técnica del Estado regulador. El mecanismo esencial del INMECOB para obtener ahorros es eliminar plazas laborales de una institución que tendría que suplir a tres.

La propuesta (congelada) es más política que técnica y se enmarca en el conflicto entre la política de austeridad del Ejecutivo federal y funcionarios de alto nivel en instancias como el poder Judicial o los órganos constitucionalmente autónomos, a quienes se les busca reducir (por lo menos) los salarios.

El INMECOB parece ser la continuación de ese conflicto por otros medios. La aprobación o rechazo del INMECOB (si se retoma) sería un proceso político más que técnico o deliberativo sujeto a que Morena obtenga una mayoría calificada para reformar la constitución.

Para la coalición de legisladores y especialistas que esté (estemos) a favor de la continuidad del IFT, la COFECE y la CRE, propongo lo siguiente: encuadrar más la conversación en lo político y menos en lo “técnico” de la iniciativa, que consiste esencialmente en despidos.

Los legisladores de oposición serán clave en este proceso, que deberán decidir si negociarán la reforma de telecomunicaciones de 2013 que impulsaron sus partidos en el “Pacto por México”.

En sus redes sociales, el Senador Monreal ha recomendado leer al economista Thomas Piketty, quien menciona en “El Capital en el Siglo XXI” que un gobierno que busca ser austero en extremo o por mucho tiempo puede generar efectos adversos en el crecimiento económico y la distribución del ingreso nacional.

La austeridad no debe ser un criterio plano y las políticas públicas no siempre se evalúan en función de su precio (se pondera con el beneficio social). La iniciativa presentada por el coordinador de los Senadores de Morena se enfoca en recortar el ramo de “servicios personales” que está directamente asociado a los costos de las plazas laborales.

La iniciativa establece que en 2020 el costo total de la operación de los tres reguladores (IFT, COFECE y CRE) será de 2 mil 375.5 millones (67 por ciento de servicios personales) y calcula que el INMECOB necesitaría mil 875.4 millones (63 por ciento de servicios personales).

El presupuesto del INMECOB requeriría una proporción similar a la que ya destina hoy el IFT a servicios personales (61 por ciento). El INMECOB obtendría un ahorro neto de 500 millones de pesos al año, o del 21 por ciento con respecto al presupuesto 2020 del IFT, la COFECE y la CRE juntos.

Ese ahorro podría ser mayor, pero la iniciativa menciona que se necesitaría una inversión de 34.7 millones de pesos para adecuar la nueva institución. Es decir, del ahorro bruto anual de 534.7 millones proveniente de recortes a plazas, materiales y otros servicios se tendría que destinar el 6.0 por ciento a nuevas inversiones para el INMECOB.

El 74 por ciento del ahorro bruto total del INMECOB se obtendría del recorte propuesto a gastos en “servicios personales”, estimado en 397.9 millones. La eliminación del 21 por ciento de las plazas concentradas en el IFT, la COFECE y la CRE es el componente más pesado de la propuesta del INMECOB, pues garantizaría casi tres cuartas partes del ahorro bruto prometido. Sin embargo, el INMECOB obtendría ahorros por desocupar personal y no por pagar sustancialmente menos a los funcionarios.

La iniciativa muestra que en 2020 se requerían anualmente mil 586.6 millones en servicios profesionales para 2 mil 58 plazas en el IFT, la COFECE y la CRE (770 mil 939 pesos por plaza) y el INMECOB necesitaría mil 188.7 millones para mil 618 plazas (734 mil 654 por plaza).

El INMECOB reduciría las plazas en 21 por ciento, los gastos de servicios personales en 25 por ciento, pero la relación de gasto por plaza al año solo se contraería 4.7 por ciento. La iniciativa del INMECOB hay que encuadrarla al revés en el lenguaje político: si al esquema propuesto por el Senador Monreal se le aumentaran menos del 30 por ciento de las plazas y presupuesto general se tendrían tres reguladores especializados en lugar de uno y sin necesidad de multiplicar los gastos por tres.

El “ahorro” como cimiento del INMECOB sostendría a una institución con más trabajo y menos recursos. Al debate habrá que introducir otras dos dimensiones: la función de los Órganos Constitucionalmente Autónomos (OCA) en la estructura del Estado y la confianza ciudadana en esas instituciones.

Sobre su función, el Dr. José Fabián Ruíz, investigador de UANL, recuerda en su artículo “Los órganos constitucionales: una visión integradora” que el IFT y la COFECE pertenecen a una segunda generación de OCA en México, que desde 1990 han surgido en México para complementar la estructura del Estado.

Cumplen con el objetivo de realizar funciones altamente especializadas, técnicas, pero también son “contramayoritarios”, es decir, pueden ejercer control institucional con respecto a otros órganos tradicionales de poder del Estado. Los OCA son contrapesos creados en parte porque las autoridades tradicionales han perdido legitimidad social, falta de confianza, por demandas de participación de la sociedad o por nuevas necesidades técnicas.

Los OCA se pueden coordinar con otros sin tener que “fusionarse”. En palabras del Dr. Ruiz, “su presencia [los OCA] supone una evolución de la teoría tradicional de la separación de poderes, ampliándola; abren espacios de negociación y diversidad en el proceso de toma de decisiones”.

El Presidente López Obrador se ha referido a algunos OCA como “innecesarios”, pero hay evidencia que sugiere que son de las instituciones de gobierno en las que más confía la población. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG) estima que a nivel nacional las personas confían más en los organismos públicos autónomos o descentralizados que en la Guardia Nacional, instituciones religiosas, jueces y magistrados, la policía, el Congreso y los partidos políticos.

Centrar el encuadre en lo político no significa ignorar por completo los “focos rojos” en la iniciativa del Senador Monreal. La eliminación del examen como criterio de selección y depositar la convocatoria en el Senado puede contribuir a procesos muy politizados de selección de los consejeros (integrantes del pleno) del INMECOB.

Dado que los Senadores se eligen por seis años, el grupo parlamentario de Morena en el Senado puede prolongar su capacidad de influencia en la formación del INMECOB independientemente de lo que suceda en las elecciones de 2021. Si la iniciativa del INMECOB se retoma de alguna manera, el camino para derrotarla es necesariamente político. La conversación hay que enfocarla en el trasfondo político del asalto a los OCA y su impacto potencial: la degradación de instituciones que especializan al Estado y contribuyen a la separación de poderes.
C$T-EVP

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