«Es integralmente la Ley Doring».
Detrás de la reforma «fast track» ejercida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) el pasado 26 de octubre, «hay enormes intereses», que trastocan los Derechos de las Audiencias, por lo que se puede esperar una resolución favorable a la acción de inconstitucionalidad promovida por más de 46 senadores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En conferencia de prensa, Ernesto Ruffo Appel acompañado por la senadora Marcela Torres Peimbert, ambos del PAN, dijo que muy “mañosamente” se les convocó con menos de 24 horas de anticipación, sin tener la oportunidad de revisar el dictamen que se envío al Pleno para su aprobación por la mayoría priista.
Fue un atropello al reglamento legislativo del Senado con la finalidad de aprobar una ley que viola los artículos 1,2, 3, 6 y 28 constitucionales, al restar facultades al IFT como órgano constitucional autónomo y limitar los Derechos de las Audiencias protegidos en la Carta Magna”.
El senador afirmó que con esta «urgente» reforma, se transgrede el contenido de la reforma constitucional de 2013 pues establece que cada medio de comunicación tendrá la libertad de definir su propio código de ética, cuando corresponde al IFT esa facultad, “y por tanto se desprotege totalmente a las audiencias”.
Además, precisó, que los medios de comunicación van a designar a su propio defensor de las audiencias, el cual será juez y parte al no tener que rendirle cuentas al regulador.
Marcela Torres Peimbert dijo que con esta reforma aprobada el 26 de octubre y decretada casi inmediatamente por el Ejecutivo Federal el 31 de ese mismo mes, no se aclara al ciudadano, lector o espectador, si lo que recibe es información o spots publicitarios, dejando al libre arbitrio de los medios su clasificación.
Angélica de la Peña y Manuel Bartlett, quienes se unieron a la acción de inconstitucionalidad, sostuvieron que con esta reforma fast track las audiencias ven acotados sus derechos debido a que se eliminó el artículo 256 de la LFTR que establece que los servicios de radiodifusión deben prestarse en condiciones de competencia y calidad.
La senadora Dolores Padierna sostuvo que la reforma aprobada por el pleno sin previa lectura del dictamen, es integralmente la Ley Doring, que apoya a las grandes cadenas radiodifusoras para que operen a su antojo “y es muestra de los grandes intereses económicos que se anteponen a los derechos de las audiencias”.
Los senadores subrayaron que esperan que su impugnación sea atendida en los próximos días, cuando la Suprema Corte se dé a la tarea de analizarla y sea admitida a trámite para que uno de sus ministros la estudie y formule un proyecto de sentencia.
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