Descartan incurrir en desacato judicial.
En la próxima semana quedará definida la ruta para legislar en materia de publicidad gubernamental a fin de cumplir con la obligación constitucional y orden judicial derivada de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes del 30 de abril próximo, anticipó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García.
“No caeremos en desacato judicial, por lo que de inmediato iniciaremos la revisión de las tres iniciativas presentadas que permitan expedir la Ley de Propaganda Gubernamental exigida por la Corte”, precisó el legislador.
De acuerdo con el legislador esta misma semana sostendrán una reunión con el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, a fin de pactar el procedimiento legislativo de las comisiones de ambas cámaras e incluir en la agenda la participación de organizaciones civiles.
Recordó que el pasado 15 de noviembre, la SCJN ordenó al Congreso de la Unión que a más tardar el 30 de abril emita la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de publicidad gubernamental, cuyo gasto debe realizarse con base en criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.
La expedición de esa ley reglamentaria se estableció en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, pero en los diversos periodos de sesiones celebrados por ambas cámaras legislativas no se promovieron las iniciativas respectivas, lo que dio lugar a que la Corte emitiera una orden de cumplimiento que deberá acatarse antes del 30 de abril.
A su vez la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Herrera, convocó a todas las fuerzas políticas a enriquecer el análisis de la ley presentado más iniciativas que permitan un ejercicio eficaz del gasto gubernamental en publicidad bajo reglas sólidas y transparentes.
“Se trata de una legislación necesaria para garantizar los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en los gastos de comunicación social por parte del gobierno federal y de los estados lo que obliga a promover el debate y participación ciudadana”.
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