Evitar que impere la ilegalidad, objetivo.
La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, aprobó reformas para castigar con pena de hasta seis años de prisión, multa de 300 días de unidad de medida e inhabilitación por cinco años para solicitar una concesión, a quien preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin la autorización correspondiente.
La modificación, aprobada por 11 votos a favor y tres en contra, adiciona el capítulo I del Código Penal Federal en el que se establece pena de entre dos a seis años de prisión a quien use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión correspondiente.
Además de la sanción corporal y multa económica, se procederá el decomiso de instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.
La diputada Lía Limón García, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, aclaró que estas modificaciones no atentan contra las radios comunitarias que están reguladas bajo el artículo tercero de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues el propósito es frenar y sancionar a las emisoras que operan al margen de la ley.
Últimamente ha habido un abuso en el uso del espectro radiofónico pues cualquier persona compra un trasmisor de 20 mil pesos con el argumento de que va a realizar una labor social cuando nada tiene que ver, con una estación comunitaria que si cumple con ese propósito”, precisó la legisladora.
Benjamín Medrano Quezada, secretario de la comisión y proponente de la iniciativa, enfatizó que los concesionarios pagan título y renovación cada año, impuestos y seguro social, por lo que no se debe permitir que impere la ilegalidad en el uso del espectro.
Precisó que no es lo mismo para personas que transmiten por Internet, ya que no están reguladas y no existe prohibición en la ley, pero en caso de usar el espectro perteneciente al Estado, estos deberán contar con el documento que lo avale, ya sea gratuito o pagado.
Los diputados René Cervera García y Miguel Ángel Ramírez, expusieron que para salvaguardar a las radios comunitarias de estas modificaciones legales, también será necesario revisar los requisitos para otórgales una concesión y mantener un constante monitoreo que valide que sus transmisiones cumplen efectivamente con una labor social.
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