¿Autocensura o descenso de rating?.
Por considerar que hay una injerencia indebida del poder público en el ámbito de la libertad de expresión y derecho a la información en los criterios de opinión de las radiodifusoras, el Senado de la República presentó un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que garantice la cabal observancia de los códigos de ética de dependencias del gobierno y concesionarios de esos medios.
En la solicitud los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía asientan que la Secretaría de Gobernación, como encargada de vigilar la observancia de los derechos humanos, debe promover y garantizar el respeto de los espacios plurales dentro de la sociedad por ser uno de los pilares fundamentales en que se finca nuestra democracia.
Marco Antonio Blásquez, promotor del exhorto, señaló que el más reciente agravio contra quienes ejercen la libertad de expresión en el sector de la radiodifusión, fue la salida del director de noticias del Núcleo Radio Mil, Leonardo Curzo, quien renunció a la empresa al recibir presiones por negarse a omitir los comentarios y opiniones de Ricardo Raphael y María Amparo Casar.
La empresa radiofónica en voz de sus directivos, justificó la cancelación de las opiniones de los comentaristas por razones de rentabilidad, sin embargo se tiene conocimiento de que líderes de opinión enfrentan la autocensura”, subrayó el legislador.
En el exhorto se destaca que la libertad de expresión es un derecho de las personas pues con su ejercicio se garantiza el flujo de información e ideas que son un elemento determinante en la transformación y evolución de la sociedad.
Por ello, puntualizan los legisladores, los servidores públicos tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover ese derecho fundamental reconocido en la Constitución e impedir agravios a quienes hacen uso de los medios electrónicos para informar y construir opinión.
En su momento la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), se sumó a ese exhorto en apoyo a los comunicadores que han perdido sus espacios por presiones políticas sobre los concesionarios de la radio y televisión como es también el caso de Carmen Aristegui.
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