México carece de una política en la materia.
Ataques a las redes cada vez más sofisticados que podrían poner en riesgo la infraestructura crítica de información y comunicaciones del país, hacen imprescindible impulsar una iniciativa para realizar modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional que incluya una Estrategia Nacional de Protección del Ciberespacio, urgió el Poder Legislativo.
La iniciativa de reforma presentada por el diputado federal Waldo Fernández González, plantea fortalecer medidas de prevención, defensa, detección, investigación y respuesta inmediata a los ciberataques, con lo cual se garantice el uso seguro de redes y sistemas de información en todos los entes públicos.
El dinámico desarrollo de las tecnologías de la información ha difuminado las barreras territoriales y abierto nuevos espacios a los ciberdelincuentes, por lo que garantizar la seguridad en esta área es un objetivo prioritario en las agendas de la mayoría de los gobiernos del mercado global y donde México no debe ser la excepción”, puntualizó el legislador.
Precisó que aunque México ha implementado medidas para tratar de contener ese tipo de amenazas, no hay una política sólida que garantice la seguridad de la información, sobre todo en las redes críticas.
Waldo Fernández González indicó que prueba de lo anterior, es que no obstante el dinámico desarrollo de las telecomunicaciones y uso del internet, México ocupa el lugar número 28 en el Índice Global de Ciberseguridad 2017 y tercero en América Latina.
Ante ello, enfatizó, es que se propone una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que incluya un efectivo marco jurídico de defensa y respuesta, así como la formación integral de especialistas en el tema en colaboración estrecha con la iniciativa privada.
La estrategia que estará incluida en la Ley de Seguridad Nacional, deberá contar con un grupo de alerta, vigilancia y advertencia ante incidentes cibernéticos denominado Equipo de Respuesta e Incidentes de Seguridad Informática.
El proyecto de reforma que será puesto a consideración del pleno camaral para su aprobación y efectos constitucionales, establece que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad deberá enfocarse en lo particular a la permanente evaluación de las redes de instituciones gubernamentales y sectores estratégicos para la seguridad nacional, como son el energético, financiero, de transportes y de telecomunicaciones donde se opera con información codificada y son más recurrentes los ataques.
C$T-EVP