lunes, agosto 10, 2020

Violencia en el entorno digital

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Elizabeth Peña Jáuregui
Con más de 15 años de experiencia profesional, Elizabeth Peña Jáuregui es especialista en telecomunicaciones, radiodifusión, regulación, políticas e inclusión de género. Recientemente encabezó los trabajos de Promtel en materia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para potenciar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país. Es maestra en Gestión de Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey.

Elizabeth Peña Jáuregui

Se escucha mucho de la conectividad y de sus grandes beneficios, educación, salud, progresos económicos y culturales, los países más desarrollados son los que han logrado una alta inclusión digital. En México en el año 2013 se reconoció el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, consagrándolo en el artículo 6to Constitucional. Asimismo, se estableció que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general.

Uno de los principales objetivos en la agenda política internacional es lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas; este principio se encuentra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 de las Naciones Unidas. México fue uno de los 189 países que suscribió la Declaración del Milenio, en los últimos años, nuestro país realizó grandes esfuerzos y logró avanzar de manera destacada al hacer frente a desafíos como la pobreza extrema, salud, educación e igualdad de género.

Sin embargo, los constantes esfuerzos no han sido suficientes en este gran objetivo de conectar a los desconectados; aún quedan zonas rurales que no han podido ser parte de esta conectividad. De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) existe una cobertura poblacional de 95.74 por ciento en servicios móviles, la brecha digital equivale a 4.26 por ciento de la población.

Con el incremento de esta conectividad ha crecido el número de usuarios de internet en nuestro país y con ellos la violencia digital o violencia en línea. Este gran derecho humano ha sido tergiversado por algunas personas que han encontrado una nueva vía para la comisión de conductas delictivas, aprovechándose de las lagunas jurídicas que aún existen y la falta de una regulación eficaz, pues debido a la rápida transformación tecnológica en que vivimos, se vuelve más complicado regular dichas conductas.

¿Qué se entiende por violencia digital? Se refiere a los actos de violencia cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las TIC, plataformas de redes sociales y correo electrónico; y causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física. Desafortunadamente la violencia digital contra las mujeres en México se ha hecho más evidente y ha ido en aumento, es ya un tema de preocupación pública.

Entre las formas de agresión digital contra las mujeres se encuentran: Acceso o control no autorizado, control y manipulación de la información, suplantación y robo de identidad; monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difusión de información personal o intima sin consentimiento, extorsión, desprestigio, abuso y explotación sexual relacionado con las tecnologías y afectaciones a canales de expresión. Es importante señalar que, en un mismo acto de violencia digital contra las mujeres, pueden manifestarse diferentes tipos de agresiones de las antes mencionadas, es decir, son interdependientes y se habilitan entre sí.

El primer paso para combatir la violencia es identificar y saber qué significa cada concepto, pues la violencia digital puede tomar muchas formas, y algunas de ellas pueden incluso pasar desapercibidas por darse en un contexto virtual, pero al final, las posiciones sexistas o misóginas son una expresión más en contra de las usuarias de la red.

Uno de los principales retos que existen para conocer y actuar contra la violencia digital de género tiene que ver con la falta de registros estadísticos que permitan conocer su dimensión y características. En el año 2017 se realizó el único registro de magnitud estadística llamado Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) y se levantó del 29 de mayo al 21 de julio de ese año, con el objetivo de generar información estadística que permitió conocer la prevalencia del ciberacoso entre las personas de 12 a 59 años de edad y de aquella que vivió alguna situación en los últimos 12 meses.

Del total de la población encuestada, el 24.5 por ciento reportó vivir ciberacoso en alguna de sus diferentes formas, 52.1 por ciento hombres y 47.9 por ciento mujeres. Es decir, aproximadamente 9 millones de mujeres han vivido ciberacoso en México.

Es preocupante que a casi tres años no exista seguimiento, ni registros estadísticos que nos permitan dimensionar el problema al que nos estamos enfrentando pues desafortunadamente la violencia digital contra las mujeres ha ido en aumento en estos últimos años, en relación directamente proporcional a la penetración de las TIC.

La realidad es que la violencia digital en México es una extensión de una situación estructural de violencia sistemática en contra de las mujeres; durante el año 2019 los delitos en contra de la población femenina en México aumentaron 2.5 por ciento, respecto al año anterior. En total hubo 74 mil 632 víctimas de agresiones físicas, acoso, abuso sexual, violaciones y feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Como respuesta del gobierno a esta problemática, se ha propuesto como principal solución reformas legales que tipifican la violencia digital, estableciendo modificaciones o adiciones a los artículos del Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México.

Estas reformas tienen como objetivo principal concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia en línea contra las mujeres. Estos delitos se perseguirán por querella y las penas serán de cuatro a seis años de prisión y de 500 a 1000 Unidades de Medida y Actualización (“UMAs”); es decir, de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

Es importante analizar que si bien es un paso muy importante en la protección de las niñas y mujeres en línea, la principal solución no debe ser exclusivamente punitiva, sobre todo tratándose de un país con altos índices de impunidad derivados de la acción poco efectiva por parte de las autoridades encargadas de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Asimismo, como en todas las formas de violencia de género, existe una tendencia a culpar y responsabilizar a las mujeres, lo cual las revictimiza.

Ante esta problemática el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer que la violencia digital contra las mujeres facilitada por las TIC, es una violación a los derechos humanos y tiene graves consecuencias. Resulta indispensable realizar cambios estructurales, articular una estrategia de corto, mediano y largo plazo que tenga como objetivo principal erradicar la violencia de género desde la raíz, pues la violencia digital solo es un reflejo de la violencia contra la mujer que existe en el mundo offline.

Considero que la estrategia para erradicar la violencia de género, debe considerar al menos tres principios:

-Prevención: Crear medidas que concienticen a la población sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, así como establecer y proporcionar información sobre los servicios y la protección jurídica para poner fin a las violaciones y evitar que se repitan.

-Educación digital: Se necesita fomentar la alfabetización digital en el uso de Internet, sin discriminación por razón de sexo o género y promover la igualdad de género en todos los niveles de la educación, incluida la educación en línea, desde la primera infancia. Igualmente, es necesario que se proporcione capacitación a los magistrados, abogados, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a fin de asegurar su capacidad para investigar y enjuiciar a los responsables.

-Protección: La obligación de proteger a las víctimas de la violencia en línea al adoptar medidas efectivas, aportar los recursos necesarios para la eliminación de contenidos, proporcionar recursos y asistencia jurídica apropiada y permitir órdenes de protección.

Muchos gobiernos estatales carecen aún de políticas públicas para la prevención de conductas violentas en el mundo digital. En ese sentido es importante que el gobierno tome acciones transversales y proponga cambios estructurales en la erradicación de la violencia digital.

Nos encontramos ante un mundo donde la conectividad forma parte de nuestra vida diaria y conforme avance la tecnología estaremos aún más expuestos, por ello es importante que no se normalicen las conductas delictivas y que no se minimicen los actos de violencia digital en contra de las mujeres.
C$T-GM

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