izzi y AT&T empresas con mayor número de quejas: Profeco.
El desempeño eficiente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su tarea de vigilancia y supervisión, requiere de un marco jurídico vigente acorde al ritmo dinámico al que evoluciona la transformación digital, por lo que es oportuno a cuatro años de su vigencia, revisar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
«En la actualidad los servicios de telecomunicaciones tienen un impacto social y económico de tal magnitud, que una proveeduría ineficiente no sólo puede causar mal humor a un usuario, sino colapsar el funcionamiento de la economía en su conjunto», sostuvo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.
Destacó que en México ya suman 116 millones los usuarios de telefonía móvil, además de 22 millones en televisión de paga y poco más de 20 millones en telefonía fija; en conjunto se trata de más de 260 millones de contratos de servicios TIC, lo que habla de la importancia y penetración que han alcanzado estos servicios en la vida laboral y cotidiana de más de 120 millones de habitantes en el país.
En el «Primer Foro Derechos de los consumidores en las telecomunicaciones y los retos en la materia», el procurador aseguró que se trata de un sector influyente en la actividad productiva del país, pero también complejo de regular.
«Hay una gran cantidad de autoridades que concurren en la regulación del sector, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Fiscalía de la República, con un ministerio especial para delitos que se cometen a través de los servicios de telecomunicaciones, por ello es una actividad compleja».
Sheffield Padilla consideró que luego de cuatro años de vigencia de la LFTR y tres modificaciones menores, «a lo mejor ya necesita una chaineadita mayor» por lo que es oportuno que los legisladores «le entren a analizar» los cambios y ajustes que pudiera exigir esta normatividad.
Detalló que durante 2018, la Profeco recibió 32 mil quejas, sólo relacionadas con los servicios de telecomunicaciones; y de ese total, 10 por ciento quedaron sin resolver, un porcentaje que es necesario analizar para saber por qué no se dio una respuesta satisfactoria, «pues la meta de la procuraduría no es sancionar, sino que el mercado funcione bien».
Destacó que hay dos operadores de telecomunicaciones que se han ganado un lugar que ninguna empresa debería buscar, porque se trata de las empresas que más quejas tienen ante la Profeco, y que también les lleva más tiempo, resolver sus controversias con el consumidor.
AT&T lidera el número de quejas que tiene en su contra en materia de telefonía móvil, mientras que en servicios de televisión restringida y transmisión de pago por evento, izzi es la que presenta el mayor volumen de inconformidades ante la Profeco. En Hidalgo izzi ocupa el primer lugar en quejas por problemas de transmisión de eventos deportivos; en Guanajuato, AT&T es la que más quejas tiene en telefonía celular sin resolver.
En opinión del Procurador, el número de quejas está relacionado con la falta de inversión en ciertas zonas donde los operadores tienen más suscriptores que infraestructura, lo cual se advierte en estados como Querétaro donde los operadores que ofertan sus servicios en esa entidad han inyectado flujos de capital importantes y el número de inconformidades disminuyen o incluso desaparecen.
«Hay un vínculo y hay que estudiar qué relación existe entre la inversión en infraestructura por parte de los proveedores de servicio y el número de quejas por insatisfacciones de servicio, cuando su infraestructura no es proporcional al número de clientes que atiende», finalizó.
Por su parte, Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dijo que si bien la LFTR lleva poco tiempo en operación, los resultados están a la vista pues se han registrado caídas sustanciales de precios y han aumentado los niveles de penetración de servicios, por mencionar sólo algunos de los beneficios.
«Recordemos que en el pasado una de las grandes condiciones que no permitió que este sector se desarrollara como sí se vio en otras partes del mundo, fue una debilidad institucional, un marco jurídico que permitía la doble ventanilla, con alta ligitiosidad, con muchas suspensiones y con poca e ineficaz aplicación de la ley», puntualizó.
C$T-EVP