Proceso incorpora estudio sobre Neutralidad de la Red.
Del 18 de diciembre al 6 de marzo próximo, representantes de la industria, la academia, especialistas y el público en general podrán opinar sobre el anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a los que deberán sujetarse los proveedores de internet en el país.
Los participantes en el proceso consulta pública habilitado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tienen acceso a información clave como un análisis de impacto regulatorio, un cuestionario abierto en el que se plantea una serie de preguntas de carácter técnico, así como al “Estudio: neutralidad de red” que ofrece un análisis realizado por la Unidad de Política Regulatoria del Instituto.
“Consideramos que sería muy pertinente hacer este estudio sobre neutralidad de red donde básicamente quisimos reflejar los aspectos técnicos, económicos y jurídicos que podrían ser la base de lo que en su momento el Pleno podría llegar a determinar como lineamientos de gestión de tráfico y administración de red”, dijo Lorely Ochoa, directora General de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión en la Unidad de Política Regulatoria del IFT.
El estudio incorpora aspectos como el debate en torno a la neutralidad de la red, mecanismos de intervención regulatoria, el funcionamiento de internet como mercado de dos lados, análisis de las técnicas de gestión de tráfico y prácticas comerciales, experiencia internacional, contexto y marco jurídico nacional, así como elementos para la emisión del anteproyecto.
“Nos encontramos en un momento de evolución tecnológica que está derivando en nuevas formas de comunicación, ya no sólo entre personas, sino también entre máquinas y dispositivos, hablamos de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, es un momento oportuno porque esos desarrollos tecnológicos están impactando en el incremento del tráfico de datos que cursan por estas redes públicas de telecomunicaciones”.
El anteproyecto de lineamientos establece la posibilidad de que los Proveedores del Servicio de Acceso a Internet (PSI) implementen políticas de gestión de tráfico y administración de red que estén orientadas a asegurar la velocidad y calidad del servicio contratado por los usuarios finales.
Así como a preservar la integridad y seguridad de la red y fomentar la innovación comercial, siempre que esto se sujete a los principios de libre elección, trato no discriminatorio y se preserve la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de los usuarios finales.
La propuesta regulatoria establece la posibilidad de que los PSI ofrezcan servicios diferenciados a los usuarios finales a través de prácticas comerciales como la conocida como “zero rating”.
Asimismo se plantea la posibilidad de que los usuarios puedan navegar en internet aun cuando hayan consumido los datos de sus recargas o los adquiridos mediante un plan o paquete de pospago, en tanto los costos generados por dichos consumos estén asociados a una oferta comercial de “datos auspiciados”, y que dicha oferta esté encaminada a disminuir la brecha digital en los entornos educativo, financiero y laboral, gestión de servicios públicos o formación de nuevas capacidades digitales en los usuarios finales.
Para el caso de los servicios especializados, se plantea que los PSI puedan ofrecerlos en tanto garanticen que su provisión no resulte en detrimento del servicio de acceso a internet y se otorgue en condiciones de transparencia.
También se propone que las políticas de gestión de tráfico puedan ser consultadas por los usuarios finales en los portales de internet de los proveedores del servicio, haciendo énfasis en que deberán ser descritas de forma detallada y clara; con ello, los usuarios podrán navegar de forma informada y segura, ejerciendo su derecho a la libertad de elección sobre los contenidos, aplicaciones y servicios a los que acceden.
El Anteproyecto plantea que, en caso de identificar acciones contrarias a lo establecido en los propios lineamientos o de otros aspectos en materia de competencia, el Instituto proceda a una intervención desde la perspectiva regulatoria o de competencia, bajo un análisis caso por caso.
Adicionalmente, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, se plantea que el Instituto realice una revisión de los lineamientos en un periodo no mayor a tres años.
C$T-GM