Hay incentivo para bloquear despliegue de infraestructura.
Los procesos para que los concesionarios obtengan los permisos y autorizaciones estatales y municipales necesarios para el despliegue de infraestructura de fibra óptica podrían verse obstaculizados por la “tentación” de algunos gobiernos locales de instalar ductos y redes propias, dijo Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones.
“Hay la tentación a nivel municipal, y eso puede generar una barrera, de poner su propia infraestructura porque alguien les ha asesorado, que si ellos ponen ductos y ponen fibra, harán un gran negocio porque se lo van a vender a los operadores de telecomunicaciones».
En ese sentido, enfatizó en una reunión sostenida con integrantes de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, dichas intenciones son preocupantes porque se crea un incentivo para bloquear la construcción de nueva infraestructura.
“Se debe cambiar el incentivo de que no construyan, porque no es la vocación de un municipio construir infraestructura para luego rentarla a terceros, que tampoco es la mina de oro”.
El funcionario explicó que la “tentación” de algunos municipios surge a partir del interés de conectar a redes de fibra óptica los centros de control dedicados a la seguridad y comunicación como los denominados C5.
“Cuando quieren instalar sus C4 o C5 contratan empresas que les hacen el diseño pero no falta el asesor que les diga oye si vas a conectarlos con fibra óptica por qué no le metes más y se la rentas a los operadores, ahí ellos empiezan a ver oportunidad de negocio”.
Frente a ello, dijo, la subsecretaría a su cargo busca convencerlos de que al permitir el despliegue de infraestructura por parte de los operadores tendrían beneficios en conectividad y eficiencia mayores a los que tendrían con una operación propia.
“Sabemos de algunos municipios en el estado de Yucatán que traen esas intenciones y de otros en Hidalgo, hemos hablado con ellos. Legalmente no tienen ningún inconveniente, el tema es si esa es su vocación, si lo van a hacer con la misma calidad o mejor dejan que lo hagan los operadores que son los que saben y después conecten 25, 30 o 50 cámaras o 100 semáforos con fibra óptica porque si ya está es más fácil”.
Otro aspecto que enfrenta el despliegue de infraestructura, añadió, es el cobro que algunos gobiernos locales quieren aplicar por el otorgamiento de licencias, derechos de permanencia o de uso de vía pública, entre otros.
Explicó que si bien de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscial, los estados y municipios no pueden cobrar por este tipo de conceptos, en su opinión sí deberían hacerlo siempre y cuando sea un monto justo y adecuado pues permitirlo generaría el incentivo y el ánimo de abrirse al despliegue de infraestructura.
“Recordemos que los municipios son bajos generadores de ingresos propios, entonces esto sería una fuente de ingresos propios. Es ahí en donde tenemos que trabajar con la industria, si van a cobrar, qué implicaría un cambio normativo a nivel de ley, tendríamos que ver cuál es el concepto y el monto”.
C$T-GM