El IFT tiene hasta mediados de julio para responder
El pasado 7 de abril, Telmex y Telnor presentaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) su propuesta del plan de Separación Funcional que le fue ordenada como parte de la evaluación de las medidas asimétricas impuestas en su calidad de Agente Económico Preponderante (AEP) en telecomunicaciones.
“Ya presentamos nuestra propuesta, no sabemos cuál será la decisión del IFT y tampoco podemos medir o conocer el impacto sobre Telmex de esta medida”, dijo Daniel Hajj, director de América Móvil.
En la tradicional conferencia trimestral con analistas, el directivo insistió que el grupo de telecomunicaciones ha cumplido con todas las medidas y obligaciones que le fueron impuestas desde marzo de 2014.
De acuerdo con información del órgano regulador, a partir de la entrega del plan de Separación Funcional éste tiene 65 días hábiles para dar respuesta, plazo que se cumplirá alrededor de la primera quincena de julio.
En marzo pasado, el IFT determinó ordenar la constitución de una persona moral independiente a Telmex-Telnor que preste exclusivamente servicios mayoristas relacionados con el acceso local, así como la compartición de infraestructura pasiva.
En opinión de analistas de Intercam, si bien esta operación es uno de los puntos más delicados ordenados por el Instituto no es una medida agresiva para la empresa pues no la obliga a vender su negocio de infraestructura pasiva y servicios relacionados con el acceso local.
Sin embargo, la nueva regulación será determinante para dar claridad a los competidores en materia de solicitudes de uso de infraestructura y eliminar posibles conflictos de interés.
Con la Separación Funcional, el órgano regulador busca garantizar el establecimiento de una unidad de negocio encargada de dichas funciones, independiente de Telmex y Telnor, pero dentro de la estructura de América Móvil, es decir, no es una separación estructural.
“Lo que se pretende es diferenciarla de otras partes del grupo, para que el regulador pueda vigilarla y regularla de manera más eficiente, y que los competidores tengan claro quién atenderá sus peticiones de uso de infraestructura”.
C$T-GM