Necesario continuar en la senda de la convergencia.
Este 11 de junio, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que consistió en la modificación y adición de diversas disposiciones a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución mexicana, cumple su primer quinquenio.
De 2013 a la fecha, el nuevo marco constitucional, jurídico y regulatorio dio paso a:
*Creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Entre las facultades de este órgano autónomo y convergente se encuentra la de declarar a los agentes económicos preponderantes y a los actores con poder sustancial de mercado, así como la atribución de imponer medidas específicas como la obligación de compartición de infraestructura pasiva y la separación funcional. Todo ello ha sido un detonador de la competencia.
*Tribunales especializados. Con el fin de fomentar la eficiencia del aparato judicial y mejorar la solidez de las decisiones, se crearon los tribunales especializados para judicios de amparo indirectos relacionados con los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
*Impulso a la inversión. La eliminación de las restricciones a la Inversión Extranjera Directa (IED) en todos los servicios de telecomunicaciones y en lo servicios satelitales es un cambio que permitió la entrada de nuevos operadores a estos mercados.
*Conectividad. Uno de los objetivos de la reforma fue enfrentar las desigualdades en el acceso a los servicios de telecomunicaciones, por lo que un proyecto clave para hacerlo fue el de la Red Compartida. La creación de esta red mayorista móvil, que hacia el año 2024 cubrirá 92.2 por ciento de la población, y contribuirá al cierre de la llamada brecha digital.
*Mediciones. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. A partir de la reforma constitucional, en México se han dado avances importantes en la recopilación y publicación de estadísticas sobre el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. En mayo de 2017, el IFT lanzó el Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), una robusta plataforma interactiva de datos abiertos que ofrece información detallada tanto de la oferta como de la demanda de servicios.
En agosto de 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció que la reforma al marco regulatorio y jurídico ayudó a crear un entorno propicio para reducir los precios de los paquetes de banda ancha móvil hasta en 75 por ciento, mejorar la calidad de los servicios y agregar más de 50 millones de suscripciones a los servicios de banda ancha móvil en sólo cuatro años, una cifra mayor que la población de Colombia.
En su estudio Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, el organismo multilateral refirió que a pesar del sobresaliente ritmo de avance y transformación en México a partir de la reforma, el país aún presenta un rezago importante con respecto al promedio de la OCDE en términos de acceso a servicios de internet.
Ello, dijo, es un recordatorio de lo importante que es continuar en la senda de la convergencia para que le país esté mejor preparado y aproveche todo lo que implica la transformación digital.
El futuro.
Si bien en 2017, la OCDE calificó de «extraordinarios» los resultados obtenidos en términos de competencia, penetración de servicios, calidad y modernización de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el organismo emitió algunas recomendaciones:
*Evaluar la disminución de las restricciones regulatorias para América Móvil «lo antes posible» ante la implementación exitosa de la separación funcional de las divisiones mayoristas y minoristas de los servicios fijos de ese grupo.
*Enfrentar la desigualdad en el acceso a Internet entre las entidades federativas mediante la reducción de obstáculos al despliegue de infraestructura a nivel local y municipal, así como simplificar las regulaciones excesivamente complejas o divergentes.
*Eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a los servicios de telefonía móvil y televisión restringida.
*Permitir el 100 por ciento de Inversión Extranjera Directa (IED) en las empresas de radiodifusión, que en la actualidad se limita hasta el 49 por ciento, y moderar los requisitos para invertir en servicios de comunicación por satélite.
C$T-GM