La defensoría ganó amparo de acción de grupo.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad un juicio de amparo interpuesto por la Profeco para que las empresas subsidiarias que integran Telefónica Movistar, respondan y reparen el daño a usuarios que interpusieron una acción de grupo por deficiencias que tuvieron en los servicios de telefonía móvil durante 2010.
El análisis realizado por los ministros de la Primera Sala en este asunto empodera a los consumidores afectados por deficiencias en el servicio de telefonía móvil, lo que permite proteger a una colectividad, garantizar el respeto a sus derechos y la reparación del daño», aseguró Rafael Ochoa Morales, en funciones de Procurador Federal del Consumidor.
A través de un comunicado detalló que en la acción contra Telefónica Movistar, la resolución de la Corte indicó que la carga de pruebas en la ejecución sobre afectados concretos es de la compañía telefónica y no de los usuarios por lo que en caso de no presentar pruebas en su descargo, la bonificación procederá para los más de 19 millones de clientes que tenía la operadora en 2010.
La corte el pasado 28 de junio resolvió que la concesionaria que explota una red de telefonía móvil en su calidad de empresa filial, es considerada como “obligada solidaria” y deberá responder también ante las fallas del servicio, resolución en favor de la Profeco, con lo cual se estableció un precedente trascendental en defensa de los derechos de los consumidores.
La decisión del máximo tribunal del país evita dejar impunes las prácticas que lesionaron los derechos de los usuarios de empresas de Telefónica Movistar…los ministros establecieron que cuando un grupo de consumidores de telefonía móvil es muy numeroso, es imperativo establecer una fórmula para garantizar el resarcimiento de los derechos vulnerados».
El fallo emitido por los ministros de la Primera Sala esboza esquemas de resarcimiento y bonificación para los usuarios, sobre los cuales, el Primer Tribunal Unitario de Circuito de la Ciudad de México deberá dar cumplimiento a la ejecutoria.
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