El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde 1999, esta fecha contribuye a reivindicar el derecho de las mujeres a vivir sin miedo a ser violentadas. Es oportuna también para evidenciar el fenómeno en sus diferentes formas, reconocer su caracter estructural y reclamar políticas públicas para su erradicación.
Si bien las estadísticas internacionales muestran un flanco de la realidad: Antes de la crisis sanitaria, 243 millones de mujeres y niñas habían sido maltratadas en sus entornos familiares, el ámbito digital da visos de un panorama que no es menos desolador.
De acuerdo con un informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Banda Ancha, 73 por ciento de las mujeres se ha visto expuesta o ha experimentado algún tipo de violencia en línea.
Este fenómeno es considerado como una extensión de la violencia sistémica que viven las mujeres y cuyo daño se vuelve completamente viral a través de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro espacio del ecosistema digital.
En México, el módulo de ciberacoso del INEGI señala que 9.4 millones de mujeres han vivido algún tipo de violencia en línea como acoso, amenazas, desprestigio y extorsión; sin embargo, investigaciones como las realizadas por la organización Luchadoras MX, muestran que el impacto físico y emocional que generan estos actos son desestimados por el entorno de las víctimas y por las propias autoridades.
“Cuando las mujeres sufren violencia relacionada con la tecnología y denuncian, reciben el mensaje de que, al ser virtual, no es real o que no tiene un impacto significativo”, explicaba en su momento Lourdes Barrera, integrante del colectivo Luchadoras mx.
El pasado 23 de noviembre, esta misma organización publicó el Informe “Justicia en Trámite: El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, que da cuenta del avance en materia legal, pero también de las barreras que tiene la población femenina para garantizar el acceso y la aplicación efectiva de la justicia.
Al mes de marzo de este año se ha reconocido la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento como delito en 28 estados del país, y se ha registrado la aprobación de 35 reformas en los congresos estatales que se dieron desde 2012.
El desahogo de la investigación por parte de las Fiscalías es el gran cuello de botella, pues el 83 por ciento de las 2 mil 143 carpetas abiertas en 18 estados del país por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, sigue en trámite, algunas de ellas por más de tres años. Un dato más: Casi 85 por ciento de las víctimas son mujeres.
La importancia de colocar la lupa en el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento radica en que se trata de una de las formas de violencia de género digital más comunes en el país. Es un acto de objetualización sexual a través de las tecnologías, que atenta contra la vida íntima, sexualidad y la privacidad.
Si bien se han dado pasos importantes en materia legal, el informe de Luchadoras MX advierte que únicamente 17 por ciento de las carpetas iniciadas encuentran alguna forma de conclusión a través de alternativas de justicia sin llegar a un juicio como la suspensión condicional del proceso, el acuerdo reparatorio o el juicio oral abreviado.
Este escenario es por demás preocupante, pues en estados como Chihuahua y Zacatecas se ha recurrido al otorgamiento del perdón por parte de la víctima, una medida que destaca el colectivo, se aleja de los estándares internacionales en materia de violencia de género.
Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es crucial colocar que este delito tiene múltiples formas, y una de ellas, es digital. Tan real y dolorosa como la física. Lo virtual es real.
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