Necesario nuevo pacto fiscal con visión de género.
La creciente desigualdad de género en América Latina y el Caribe se deriva de efectos negativos en el empleo, los ingresos y la carga de trabajo doméstico y de cuidados que las mujeres han tenido que enfrentar durante la pandemia, situación que exige políticas públicas y hasta un nuevo pacto fiscal, para favorecer su permanencia en el mercado laboral y su irrupción de la economía digital.
“La fuerte contracción económica está afectando negativamente la ocupación y aumentando la precarización de las condiciones laborales en la región, lo que en el caso de las mujeres representa un retroceso de más de 10 años, en relación a su participación en el mercado laboral”, muestra el análisis más reciente elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Si bien una crisis trae oportunidades, los desafíos son mayores para la población femenina, pues los sectores de alto riesgo -en términos del volumen de la producción y del empleo como consecuencia de las medidas adoptadas para frenar los contagios- concentran alrededor de un 56.9 por ciento del empleo de mujeres, respecto al 40.6 por ciento de entre los hombres en América Latina.
Es pertinente considerar que los sectores que emplean a la mayoría de las mujeres ocupadas en la región como el comercio, las industria manufacturera, el turismo y el servicio doméstico, se caracterizan por altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones y bajos niveles de calificación.
“La desigualdad socioeconómica y la pobreza se encuentran entre los nudos estructurales de la desigualdad de género en la región. La intersección entre la pobreza, la brecha digital y la desigualdad de género socava las oportunidades que podrían tener las mujeres situadas en los primeros quintiles de ingresos como resultado de la aceleración de la economía digital”.
La CEPAL plantea que una barrera para que muchas mujeres de la región puedan insertarse o participar en la economía digital es que en promedio 39.1 por ciento de las mujeres en los hogares del primer quintil de ingresos, no poseen ingresos propios.
El informe especial “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad” refiere que al menos una de cada tres mujeres en los sectores mencionados es una trabajadora por cuenta propia o son propietarias de pequeñas empresas que dependen en gran medida del autofinanciamiento.
Sin embargo, ante un escenario en el que se prevé que cerrarían casi 2.7 millones de microempresas formales en la región, por tratarse de un segmento con menores márgenes de ganancia y respaldos de capital, el escenario para las mujeres comerciantes y productoras es aún más complejo.
“Desde el punto de vista de la igualdad de género es imprescindible superar la segmentación en el mundo laboral y lograr que las nuevas posibilidades de la economía digital vayan acompañadas de la transformación de los roles de género para la efectiva autonomía económica de las mujeres”, subraya el estudio.
En ese sentido, la CEPAL propone un nuevo pacto fiscal, para la recuperación sostenible con igualdad de género, basado en el análisis de los efectos diferenciados entre hombres y mujeres de las medidas fiscales impulsadas, para evitar la profundización de los niveles de pobreza entre las mujeres.
Otro requerimiento que se debe incluir, expuso, es que aumenten los niveles de recaudación de forma progresiva y movilice recursos públicos adicionales; asignar en los presupuestos gubernamentales recursos suficientes dirigidos a políticas públicas clave para las mujeres en el contexto de la pandemia.
Asimismo, se recomienda promover paquetes de estímulo fiscal orientados a proteger los ingresos y el empleo de las mujeres afectadas por la crisis; además de incrementar el acceso a mecanismos como líneas de crédito, subsidios, productos y servicios específicos para las mujeres emprendedoras de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
“Es urgente que las medidas para la reactivación incorporen la perspectiva de género y aborden diversas dimensiones de la política fiscal para lograr la igualdad de género. Es posible integrar una mirada de sostenibilidad e igualdad en el gasto, la inversión y los ingresos”, enfatiza.
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