Buscan convertir al IFT en un “supra organismo” censor

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Dulce Arévalo
Es periodista con 20 años de experiencia en la cobertura de información nacional. Es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. A lo largo de su trayectoria profesional ha cubierto diferentes sectores y fuentes informativas en medios de comunicación como la agencia Notimex.

Advierten concentración de poder y sobrerregulación.

La legitimación de un organismo censor, desconocimiento de las redes sociales, el establecimiento de conceptos generales que derivan en imprecisiones y regular cuando ya existe una legislación aplicable, son algunos de los temas que preocupan a expertos respecto a la intención de regular las redes sociales.

Cynthia Solís Arredondo, experta en Derecho Informático, consideró que una regulación en ese sentido más que proteger, restringiría los derechos de los usuarios, con retrasos en los procedimientos para impugnaciones, además que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendría facultades que van más allá de su visión y misión al convertirlo en un órgano censor, en un “supra organismo”.

“Cargarle este peso no es cosa menor, de convertirlo en censor, sobre qué se debe y qué no se debe hacer, eso está mal; es como legitimar el hecho de que tengamos un organismo censor ahora en las redes sociales y al final redunde en que los usuarios no nos sintamos en libertad o no existan los espacios óptimos para expresar lo que sientes o piensas”, dijo en entrevista para ConsumoTIC.

No obstante, las atribuciones que se le agregarían al IFT, el regulador tendría que resolver quejas e impugnaciones con la opinión de otras instancias, autoridades o especialistas que al final de cuentas serían no vinculantes.

Para la especialista también es preocupante “que no se está entendiendo lo que son las redes sociales o se está entendiendo muy bien y se planea cortar de raíz”; además que su tarea implicaría un gran reto para las instancias donde se prevé resolver las quejas o baja de cuentas, pues los motivos serán diversos, y van desde las fake news hasta la divulgación de datos personales o atentar contra menores de edad. “Técnicamente hablando, no parece algo realista”.

Además, con la propuesta se le pretende dar un carácter de servicio público o similares a las plataformas, cuando en realidad sigue siendo un entorno privado, y estos servicios no son iguales a los que ofrece una empresa de telecomunicaciones, de telefonía, que estas sí explotan bienes de la nación.

Si bien ya existe una iniciativa, que presentó formalmente el diputado Javier Hidalgo y que va en el mismo sentido que la del senador Ricardo Monreal, que aún está en borrador, esta última incluye conceptos imprecisos porque en la definición de redes sociales podría entrar prácticamente todo, hasta Wikipedia, Uber e incluso Telegram.

Respecto del concepto de “redes sociales relevantes”, que de acuerdo con el senador Monreal se aplicaría a las redes con un millón de usuarios o suscriptores en adelante, falta aclarar si se incluiría en éste a personas físicas y morales como bloggers o influencers, quienes de ser así también tendrían que solicitar autorización para poder operar en el país.

Hablar de regulación de redes sociales de forma muy genérica llega a ser impreciso, porque existe basta regulación que le es aplicable a estas plataformas que han adaptado sus términos y condiciones de uso por resoluciones de autoridades competentes o, bien, por normativa que les acaba siendo aplicable.

“Si lo que pretendía era cuidar los derechos de los usuarios, la tendencia va a ser restringir los derechos de los usuarios de alguna u otra manera, y por ello lo importante sería reevaluar la propuesta”.

En el mismo sentido se pronunció Luis Ángel Hurtado Razo, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para quien una regulación de contenidos es muy peligrosa, porque es “depositar un poder muy grande en manos de no sabemos quién”, pero además no se está visualizando la magnitud de lo que es internet.

El órgano regulador estará rebasado con las atribuciones que se le adjudicarían, como otorgar permisos para operar y atender denuncias. “No están visualizando si el IFT tiene capacidad para poder sancionar a las personas que pudieran estar difundiendo discursos de odio, para sancionar a quienes difundan información falsa”, e incluso, “a qué le van a llamar desinformación”.

“Todos estos elementos deben ser suficientemente claros, porque si no, vamos a caer en el elemento que fue el eje rector del argumento del senador Ricardo Monreal, de decir: ellos nos están censurando”, subrayó.

Hurtado Razo afirmó que son tres principios los que afectaría dicha propuesta: la autorregulación en materia de privacidad y datos personales, la generación de contenidos, y la regulación de las empresas y comportamientos de las mismas.

Para el especialista y director general de Consultoría Comunicación Aplicada, esto en lugar de beneficiar al gobierno puede sentar un precedente muy negativo, porque las leyes de este tipo se han configurado en países autoritarios, dictatoriales, aunque también democráticos, pero en estos últimos, se ha buscado aprovechar la pandemia para evitar críticas en sus administraciones.

La mejor vía para generar un acuerdo social, planteó en entrevista con ConsumoTIC, es configurar una reforma que contenga como elemento central la alfabetización mediática de los ciudadanos, una ley cuya aplicación se lleve al sistema educativo, para que se incluyan en la currícula de todos los niveles materias relacionadas con el uso correcto de los medios de educación, así como un debate entre los diversos actores involucrados.
C$T-GM

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