Política recaudatoria ignora impacto social en telecom.
El desarrollo y despliegue de la quinta generación de redes móviles (5G) representa un salto cuántico en la entrega de servicios de banda ancha y por lo tanto la antesala de uno de los cambios tecnológicos más disruptivos; sin embargo, la propuesta hacendaria de encarecer el pago de derechos por espectro, desincentiva la inversión y frena la innovación en un escenario económico marcado por la crisis.
“Cuando las redes 5G funcionen tendremos 10 veces más velocidad que la que actualmente hay con 4.5G; esto representa beneficios en sectores como el de la salud con cirugías a distancia, en seguridad pública, en fin, mayor confort y muchos beneficios, pero todo esto requiere de inversiones”, precisó Jorge Álvarez Hoth, especialista en telecomunicaciones.
Una red 4G involucra inversiones de alrededor de 6 mil millones de dólares, únicamente en el despliegue de la infraestructura; es decir, sin considerar el recurso que involucran las correspondientes licitaciones de espectro y el pago de derechos.
“Una red 5G requiere del orden de 30 a 40 por ciento más que eso. Y la red 5G sin duda tiene que volverse a desplegar toda, pues la separación en distancia de las torres es mucho menor, la electrónica es otra, no será como cuando evolucionamos de GSM y 3G, 4G y 4.5G que se reutilizaba mucho lo que existía”.
La iniciativa de Ley de Derechos propone actualizar el costo de bandas como la de 850 MHz, ideal para prestar servicios móviles de banda ancha y cuyo precio por MHZ/POP sube un 56 por ciento. En el caso de la banda de 3.5 GHz, considerada de alta utilidad para el desarrollo de redes de tecnología 5G, empezaría a costar 0.18 pesos MHz/POP.
Vender servicios en pesos e invertir en dólares, es uno de los grandes retos que enfrentan los jugadores que participan en el sector de las telecomunicaciones y que ejerce una presión mayor al dinamismo de las inversiones. “Vamos a ver ahora que hagan la licitación de las bandas de 5G, cómo las compran, cómo las ofertan y luego cuánto tiempo se sientan en ellas”.
En opinión de Álvarez Hoth, el gobierno actual está aplicando una política económica redistributiva basada en “sacarle a los de arriba para darle a los de abajo”; sin embargo, se trata de una estrategia que no genera crecimiento económico y desconoce la importancia social que tiene el sector de las telecomunicaciones para el presente y futuro del país.
“Elevar el costo de las bandas es un criterio totalmente recaudatorio, que no tiene ninguna línea de política de expansión digital… Presentar una ley en estos términos, teniendo un gobierno con la capacidad de transitar al Legislativo, no ayuda a las inversiones. AT&T ha metido más de 20 mil millones de dólares y todavía creo que apenas medio tablea. Telefónica es ya más un operador virtual y renta bandas, entonces, lo que va a acabar pasando es que van a pasar una factura de renta más alta al usuario”.
C$T-GM