¿Podría el gobierno incrementar precios para servicios satelitales?
Mientras a nivel global, los gobiernos están dejando atrás los procesos recaudatorios de asignación de espectro para enfocarse en el despliegue de infraestructura en aquellas zonas que aún no cuentan con algún tipo de cobertura, en México la mirada es hacia el pasado.
“El daño colateral es afianzar aún más las diferencias en utilización de tecnologías por segmentos de la población, entidades de gobierno y pequeñas empresas según su ubicación geográfica”, asegura José Otero, especialista en telecomunicaciones.
En su artículo “En México, el espectro es un plato suculento”, asegura que la iniciativa de modificar la Ley Federal de Derechos en materia de espectro radioeléctrico, ha logrado lo que pocas veces sucede en la industria de telecomunicaciones: unir a todas las principales voces mediáticas del sector en contra de este proyecto.
“Entre las explicaciones de esta negativa encontramos argumentos que se centran en el precedente dañino que se estaría imponiendo hasta la violación a la ley de derechos que implica la decisión del gobierno”.
De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) las medidas propuestas por el gobierno implican un incremento en al menos 60 por ciento el precio que se cobraría por espectro radioeléctrico en México con relación con otros 40 mercados.
“En otras palabras, los datos provistos por el gobierno (que no identificaban los mercados utilizados para su comparación) estaban errados. Como era de esperar la reacción a la publicación del IFT fue positiva, el ente regulador había demostrado una vez más su independencia y entregado a la población datos que justificaban su posición”.
En este contexto, puntualiza el especialista, la realidad es que el gobierno necesita incrementar su nivel de recaudación y ante ello el mercado de telecomunicaciones queda en un segundo plano y las palabras tanto de la industria como del ente regulador llegan a importar poco.
Hay que cuadrar el presupuesto y aparentemente los valores pagados por concesiones de espectro radioeléctrico en otros países convierten a las frecuencias identificadas por el IFT a ser asignadas en los próximos años como la “mina de oro” que tan desesperadamente necesitaba el gobierno, sostiene.
Para José Otero, si los operadores móviles a los que le interesa obtener espectro para ofrecer servicios móviles decidieran abstenerse de participar en cualquier proceso de asignación de este activo, el gobierno continuará sus esfuerzos por incrementar su recaudación.
Esto abre una interrogante clave ¿Qué pasaría en el mercado si al gobierno se le ocurriera comenzar a contemplar otros servicios que dependen de espectro radioeléctrico para intentar cuadrar el presupuesto?
“Si se observa el precio por MHz que pagan los operadores de servicio móviles en México con el que pagan los operadores satelitales, la relación es de 37 a 1 para ofrecer el mismo servicio”.
En la banda de 3.5 GHz, explica José Otero, tanto los operadores móviles como los satelitales ofrecen servicio fijo, pero el pago por MHz por este espectro es 37 veces más alto para los móviles; es decir, por cada peso que pagan los operadores satelitales por un MHz de espectro, los operadores móviles pagan 37 pesos.
“Obviamente son mercados distintos con estructura de costos diferentes, pero si a los operadores móviles se les ocurre argumentar que algunas flotas satelitales ofrecen servicio móvil, ¿cómo evitar que el gobierno les decida incrementar el monto a pagar por el espectro utilizado?”.
Si se considera que la cantidad de espectro asignado a todos los operadores móviles de México no alcanza los 600 MHz, mientras que el asignado a las flotas satelitales supera los 17 mil MHz, cualquier cambio brusco en la recaudación tendría un impacto enorme en los costos operativos del sector satelital.
Por suerte, añade el especialista, esta industria por ahora no ha manifestado interés en entrar al mercado masivo celular por lo que un incremento en el precio a pagar por MHz no tiene justificación.
“De cambiar su acercamiento al mercado, en una administración hambrienta por efectivo y con poco interés en la transformación digital, podría significar una sentencia de muerte para los operadores satelitales al ser obligados a pagar lo mismo que pagan los operadores móviles. La otra alternativa, poco probable, sería un respiro para los operadores móviles que ven su precio equiparado con el de los operadores satelitales”.
C$T-GM