Con visión recaudatoria México desdeña experiencia regional

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Guadalupe Michaca
Es socia fundadora de www.consumotic.mx. En la actualidad se desempeña como directora general de este medio de comunicación. Egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, suma más de 15 años como periodista especializada en el ecosistema digital. Formó parte del equipo de reporteros de la agencia Notimex. Es parte de la Red de mujeres líderes para promover la igualdad sustantiva en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y TIC, Conectadas.

Licitación IFT-10, ¿un proceso cuesta arriba?

Con la iniciativa hacendaria que busca actualizar el pago de derechos en materia de espectro radioeléctrico, México no sólo se aleja de la voluntad de cambiar una problemática importante en la estructura de costos en el sector telecomunicaciones,sino que además desdeña la experiencia de países como Colombia, Brasil, Perú y Ecuador donde la apuesta es por una política pública de incentivos a la inversión y despliegue de infraestructura.

“La iniciativa es una decepción sobre todo considerando el trabajo que el IFT ha realizado haciendo estudios y recabando evidencia para decirle a la Secretaría de Hacienda que el problema del costo del espectro en México reside en no querer cambiar los derechos y en esta ocasión, parte de las propuestas que le había presentado es la experiencia de Colombia”, dijo Jesús Romo, analista de la consultora Telconomía.

En ese país, abundó el especialista, parte del costo del espectro se intercambia por obligaciones de cobertura o cuando el operador de telecomunicaciones demuestra sus inversiones puede deducir el costo del espectro; con ello, el pago no se destina a gasto público general.

“Se sabe que el IFT le hizo saber a Hacienda la experiencia de Colombia, al no traer esto a la Ley Federal de Derechos, México está rechazando una de las alternativas de política pública sobre el espectro que sería muy interesante. Además, no solo es Colombia, es Brasil, Perú y Ecuador, estos países también están haciendo este cambio”.

Mientras que en América Latina, diferentes gobiernos dejan de percibir recursos de la industria a cambio de inversiones realizadas en áreas de interés social, que no tienen servicio o donde hace falta densidad de infraestructura de telecomunicaciones, México se mantiene en la postura de que los derechos anuales sigan siendo un recurso del gobierno federal para cubrir parte del gasto público.

En opinión de Jesús Romo, si bien el 2021 será un año difícil desde la perspectiva económica, también puede ser una oportunidad para probar este esquema con al menos una parte de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que se incluyeron en la Ley Federal de Derechos.

“Para el IFT esto es muy complicado porque tiene que ser más innovador en la parte que le toca que es el pago de guante o el precio de subasta. Ahora estamos viendo que para la licitación IFT-10 están metiendo incentivos para nuevos entrantes pero no necesariamente son políticas que van a fructificar, entonces le dejan muy poco margen de acción”.

Licitación IFT-10, ¿un proceso cuesta arriba?

En este contexto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizará la licitación de 41 bloques de espectro que servirá para la prestación de servicios móviles de banda ancha y telefonía (proceso IFT-10).

Para Jesús Romo, el impacto de la decisión en materia de pago de derechos por el uso de espectro, no será tan fuerte si se considera que la industria ya tenía conocimiento de algunos costos; sin embargo, el proceso sí podría enfrentar la poca participación de interesados.

“Ya se preveía que esta licitación esté cuesta arriba, la expectativa es que la participación sea un aspecto difícil, no esperaría una convocatoria muy alta. Al ser espectro complementario de redes que ya están (en operación), lo que esperaríamos no es nuevos entrantes, sino que fueran los mismos operadores que ya están establecidos, que serían AT&T y Telcel”.

El caso de la banda de 2.5 Ghz es más interesante, es espectro regional que pueda aprovechar un operador fijo y los derechos son menores; pero al final, para el nivel de derechos que piden, el operador necesita tener una escala de suscriptores realmente amplia como para poder costearlos.

“En el caso de bandas como la de de 600 MHz y 3.5 GHz, sí se ve un factor nuevo, porque no conocíamos qué iba a decir el Estado. Ahí se tenía la esperanza de que se dijera este espectro tendrá un esquema nuevo con el fin de que se pueda aprovechar por ejemplo, la comprobación de inversiones contra lo que cuestan los derechos, el pago en especie… al no darse, sí puede ser complicado el interés”.
C$T-GM

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