«No existe evidencia sobre la eficiencia de este tipo de mecanismos».
Pretender «revivir» la creación de un registro nacional de teléfonos celulares, como herramienta para combatir actividades ilícitas como el fraude y la extorsión telefónica, es no querer ver los errores del pasado, desdeñar la experiencia internacional sobre la inviabilidad de estas bases de datos, y abrir la puerta a otros delitos como la falsificación de documentos, uso fraudulento de identificaciones y el robo a transeúntes, coincidieron especialistas y representantes de la industria móvil.
Al participar en el Foro Virtual sobre Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, organizado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Daniel Ríos Villa, vicepresidente de Asuntos Externos de AT&T México, refirió que si bien en América Latina se han implementado registros de datos personales asociados a números celulares, esta práctica no ha generado evidencias contundentes sobre el impacto en la reducción de delitos como la extorsión, amenazas, estafas y otros relacionados con el crimen organizado.
Con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), creado en México en 2009 y eliminado dos años después, la experiencia dejó ver que el diseño de este tipo de mecanismos es una pieza fundamental; además, luego de esta fallida herramienta, no sólo no se combatieron los delitos, sino que el número de llamadas de extorsión se incrementó 40 por ciento y creció el robo de celulares, y lo peor, las bases de datos terminaron vendiéndose en el mercado negro.
«Si quisiéramos tener un registro valdría la pena pensar en cómo debe ser administrado. Tenemos como ejemplo, la portabilidad numérica, donde un tercero administra la base de datos, sin embargo, implica costos importantes. Creemos que es importante también pensar en periodos razonables, tanto para el diseño, como para la implementación, son más de 100 millones de líneas… y sobre todo cómo superar la validación y autenticación de los registros».
Por su parte, Daniel Bernal, director de Regulación de América Móvil, recordó que en el decreto que derogó el Renaut se reconoció que este mecanismo no rindió frutos en la prevención, investigación y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión, lo que en buena medida se dio porque el registro de usuarios buscó sustituir un registro de identidad de los ciudadanos.
«En la propia exposición de motivos de la derogación del registro se hablaba que el principal error que se cometió era partir de la base que un delincuente iba a registrar a su nombre un teléfono para cometer un delito. Era una premisa equivocada que en la práctica impuso una carga importante para la ciudadanía que registró los teléfonos móviles pero que al final implicó que se acumulara una cantidad de información monumental y mucha de ella no verificada».
Miguel Calderón, Vicepresidente Nacional de Vinculación de la Canieti, expuso que buscar soluciones para combatir la delincuencia y erradicar el crimen, es una labor loable, pero debe enfrentarse con la clara visión que realizar un registro de usuarios puede crear más criminalidad ya que promueve la falsificación de documentos, el uso fraudulento de identificaciones y el robo a transeúntes.
«La implementación en su momento de la primera etapa del RENAUT creó muchos problemas técnicos, legales y sociales. En su momento se demostró que a pesar de la voluntad, de las autoridades, operadores y usuarios, no se pudo registrar un número importante de usuarios… se pidió a los operadores que bloquearan el servicio al 30 por ciento del total de los usuarios, 25.2 millones de usuarios, porque la obligación era de los concesionarios».
Ante la posibilidad de cancelar un número tan grande de usuarios (que si se hiciera en la actualidad representaría más de 40 millones de líneas) se presentaron más de 370 amparos de concesionarios, organizaciones civiles y usuarios particulares. El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa otorgó en su momento una suspensión definitiva en contra de la desconexión de líneas que no se integraron al registro.
En opinión de Fernando López, director Regional para México y Centroamérica de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), destacó que si bien es de reconocer el esfuerzo de los legisladores por buscar alternativas para reducir la incidencia delictiva a través de dispositivos móviles, la evaluación de las alternativas para atender la problemática, es fundamental.
«Hay que partir de la lógica que una persona que quiere cometer un delito a través de un teléfono móvil va a estar dispuesto a registrarse… Además sí se tiene evidencia histórica que muestra que ese registro tiene muchas dificultades».
Lucas Gallito, director de Política Pública de la GSMA, dijo que si bien no hay duda de que los delincuentes y terroristas usan tarjetas SIM de prepago para mantenerse en el anonimato, no hay evidencia empírica que demuestre que la obligatoriedad del registro de usuarios conduce a una reducción en la actividad delictiva.
«Volver a intentar con iniciativas como el registro de SIM cards no llevará a un éxito en la disminución de los delitos vinculados con la seguridad, por el contrario, puede tener efectos negativos como restringir el acceso a los servicios móviles, además de problemas vinculados a la privacidad y libertad de expresión».
Gabriel Székely, director General de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), expuso que durante cinco años, la industria ha colaborado de manera permanente con las autoridades en el combate a delitos como las llamadas de extorsión y secuestro que se realizan desde los penales; sin embargo, es importante ver que no todas esas comunicaciones se realizan mediante llamadas telefónicas tradicionales, sino a través de plataformas como WhatsApp.
La colaboración de la industria móvil con las autoridades, añadió, se evidencia cuando el Ministerio Público solicita el listado de esas comunicaciones delictivas, que pueden o no ser llamadas telefónicas, así como en el seguimiento en tiempo real que se da cuando una autoridad lo ordena en casos de delitos graves como el secuestro.
«Crear un registro nacional biométrico con fotos y huellas tendría un costo de más de 21 mil millones de pesos… Hoy día, el padrón electoral tiene miles de nombres homónimos, muchas personas no tienen ningún documento y a esas personas se les va a dejar fuera».
C$T-GM