Extorsión telefónica exige mecanismos eficaces

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Dulce Arévalo
Es periodista con 20 años de experiencia en la cobertura de información nacional. Es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. A lo largo de su trayectoria profesional ha cubierto diferentes sectores y fuentes informativas en medios de comunicación como la agencia Notimex.

Se usan 150 mil números para efectuar este delito.

Con un monto de 12 mil millones de pesos obtenidos por los delincuentes en 2018 y un aumento creciente, la extorsión representa un desafío no sólo para las autoridades de seguridad pública, sino también para los legisladores, quienes deberán escuchar a los ciudadanos y al sector de las telecomunicaciones a fin de preparar iniciativas que lleven a la elaboración de un mecanismo eficaz de combate a ese delito, pero que a la vez proteja los derechos y la información de los usuarios de telefonía móvil.

Si bien en 2009, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) fue un decreto del gobierno mexicano para intentar frenar los delitos como extorsión, amenazas, secuestro o alguna acción relacionada con la delincuencia organizada, cometidos a través de llamadas telefónicas, terminó por derogarse dos años después.

El Renaut, que entró en vigor el 10 de abril de 2010, señalaba que se debían recabar datos personales de los usuarios de telefonía móvil y establecía como obligación a los concesionarios crear este registro con información que permitiera el rastreo del origen y destino de las comunicaciones, así como fecha, hora y duración. Incluso consideraba sancionar con la pérdida de la concesión a las empresas telefónicas que se negaran a cortar el servicio a clientes que no se dieran de alta.

La entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) expidió las reglas de conformación e integración de la base de datos, señalando el mecanismo bajo el cual los ciudadanos tenían que inscribirse, basado principalmente en la asociación de la Clave Única de Registro de Poblaciòn (CURP) con la línea telefónica del usuario.

En el Foro Virtual sobre Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, organizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, autoridades de seguridad pública consideran necesario un registro para contrarrestar las extorsiones que se cometen a través de telefonía móvil, pues consideran que algunos delincuentes pueden comprar un celular o tarjetas SIM sin que exista ningún control.

En el Centro Nacional de Información (CNI) se cuenta con una base de datos con 150 mil números de teléfono desde los cuales se realizan extorsiones, pero se necesita saber quién o quiénes son los propietarios, advirtió Ignacio Hernández, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por su parte, David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), advirtió que la extorsión es ahora el delito más frecuente en 14 entidades de la República, y hay que entender cómo funciona.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, la extorsión supera a los delitos que históricamente habían sido importantes, como robo en la calle y fraude.

“La extorsión puede representar uno de los delitos prioritarios del gobierno de México. De los 25 delitos de los cuales el Secretariado Ejecutivo mantiene seguimiento puntual la mayoría de ellos, la inmensa mayoría 22 o 23 delitos se han reducido, y uno de los pocos delitos en los que hay un estancamiento pero no una reducción es el de extorsión”.

De los 33 millones de delitos que se cometen en el país cada año, según el INEGI, el segundo delito más común es el de extorsión, con más de 6 millones de casos cometidos durante 2018, que alcanzan un monto económico de 12 mil millones de pesos obtenidos por los delincuentes.

La base de datos del CNI, que inició en 2019 a través de la línea 089, recibió en octubre de este año 9 mil 674 llamadas, en las que los ciudadanos reportaron el número del extorsionador. “Y unos cuantos números son responsables del 80 por ciento de las denuncias”.

De los casos recibidos, 23.4 por ciento fueron amenazas de cometer algún daño físico, 9.8 por ciento en materia de obtención de datos personales; 9.2 por ciento son sobre un secuestro virtual, 4.8 por ciento se hacen pasar como un familiar que está en una situación de emergencia, y 4.5 por ciento piden derecho de piso.

“Es indispensable contar con una ley integral, una modificación o una reforma, en su caso, que esté encaminada a utilizar esta información, que ya tenemos y hemos comprobado que es seguro, y con una buena regulación se pueden parear estos datos con los datos que tienen acceso y tendrán los carriers”.

A su vez, Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) coincidió en la necesidad de encontrar un mecanismo efectivo para abatir este flagelo, pues los delitos asociados al uso de teléfonos móviles ha crecido de manera exponencial.

El intento de Renaut en 2009, “no tuvo éxito ante la imposibilidad de contar con información fidedigna. Esa situación no ha cambiado en nuestros días. Hay que reconocer que en México no contamos con una cédula de identificación poblacional” para los 127 millones de mexicanos.

En el instituto, dijo, se cuenta con estadísticas de 144 millones de líneas funcionando, de las que 122 millones son líneas telefónicas móviles, pero de las cuales el 85 por ciento son líneas contratadas bajo la modalidad de prepago, lo cual tiene un dinamismo natural, que busca satisfacer las necesidades de comunicación.

El comisionado Sóstenes Díaz, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en un pronunciamiento personal, consideró como una ventaja recurrir a la existencia de un registro verificado en el que participen los usuarios y concesionarios, quienes tendrían que hacer la validación biométrica contra una base de datos de alguna institución; el propio IFT, que integre la base de datos y entidades validadoras como el Instituto Nacional Electoral (INE).

Comentó que algunos países ya implementan una medida así, como Perú, donde desde 2004 los operadores deben registrar los datos personales, colaborar con la justicia y además incorporaron datos biométricos; y Brasil, con la obligatoriedad de registrar las tarjetas SIM, que se cotejan con documentos oficiales.

A su vez, Carlos Gorostiza Zatarain, ex director general en la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) coincidió en que se debe contar con un registro de usuarios de telefonía móvil, pero debe construirse con visión de futuro, resolviendo problemas existentes y privilegiar la protección de datos personales de los usuarios.

“Es muy importante tomar la experiencia del Renaut, no repetir errores y entender perfectamente cuál es la información que las instancias de seguridad requieren para llevar a cabo su trabajo y en su caso, no sobrecargar a los concesionarios con procesamiento de información, que podría no resultar útil para el propósito que se persigue”.
C$T-GM

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