Identifica IFT efectos contrarios al bienestar social.
El espectro radioeléctrico se ha convertido en un recurso indispensable para las comunicaciones inalámbricas, incluyendo la telefonía y el acceso a internet móvil, y éstas a su vez, en un motor de la economía nacional, por lo que la propuesta de aumentar el costo en la Ley Federal de Derechos desincentivará la competitividad y limitará las mejoras en la cobertura y calidad de servicios, alertó Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT.
“Legítimamente le corresponde al Estado recibir una renta por el uso que hagan los particulares del espectro radioeléctrico, pero desde hace varios años se ha destacado que los costos del espectro son demasiado elevados en comparación con la mayoría de los países”, destacó el funcionario del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Explicó que el cobro del espectro consta de dos partes: el primer pago, en una sola exhibición que se hace por la contraprestación por el otorgamiento del título de concesión para explotar el espectro, que se adjudica en un proceso de licitación pública. La otra parte del pago, añadió, se refiere a pagos anuales que están determinados en la Ley Federal de Derechos (LFD) por el Congreso de la Unión.
“Uno de los problemas es que cada vez más el monto de los pagos anuales representa una proporción mayor del total del pago que se tiene que hacer por el espectro, de manera que prácticamente queda fijado el precio a través de una LFD independientemente del costo de los valores del mercado”, dijo el funcionario en el conversatorio Paquete Económico 2021: Análisis de la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Derechos en Relación con el Uso del Espectro Radioeléctrico.
Si bien ese segundo pago llega a representar más de 90 por ciento del pago total que están haciendo los operadores por este bien del dominio público, Navarrete recalcó que la situación se agrava por el retraso en asignación de espectro, la cual se ha podido solventar en los últimos seis años, pero esto significa que hay un costo fijo que ya están pagando los operadores.
En los últimos seis años se han reducido 43 por ciento las tarifas de comunicación móvil para el usuario, «no puede ser que haya más espectro, que paguen más derechos y que las tarifas bajen, hay algo en la ecuación que resulta insostenible en el largo plazo”.
Al recalcar que las repercusiones de estas iniciativas resultan en efectos contrarios al bienestar social y general, como la generación de barreras a la entrada de nuevos competidores en el mercado, así como desincentivar la participación en nuevos procesos de licitación pública, además se promueve la devolución del espectro al Estado como ya ha pasado con algunas empresas.
También se pone en riesgo el despliegue de infraestructura y de la realización de inversiones para nuevos servicios, como los de 5G; limitan las mejoras en cobertura y calidad, al no haber interés en licitaciones; e incluso podrían impactar en los precios de los servicios móviles en el país.
Recordó que por ello, el IFT envió a la Secretaría de Hacienda una propuesta para la reducción de los montos del pago de derechos por el uso de espectro para servicios móviles, en particular proponiendo que se fijen en 30 por ciento de la media internacional.
Adicionalmente, se propuso un esquema que permita acreditar los derechos que pagan los concesionarios contra las inversiones en infraestructura que realicen los operadores móviles para llevar servicios a localidades remotas que no cuentan con ellos.
“Creemos que además de la reducción en el monto de derechos un esquema de acreditamiento también sería un ganar-ganar, porque permitiría atacar un problema de rezago para incentivar a los operadores a prestar servicio a lugares donde hoy no existen”.
En ese sentido, y con disposición al diálogo, dijo, se envió una propuesta del instituto a la Secretaría de Hacienda, quien lejos de reducir los montos de los derechos prevé incrementar en 48 por ciento el valor de los derechos para las bandas de 800 MHz y 850 MHZ, bajo el argumento de que estas se encuentran “subvaluadas” respecto a valores internacionales.
Asimismo, se decidió no modificar los montos de los derechos para otras bandas importantes de telefonía móvil y acceso a banda ancha móvil, que se conocen como la banda AWS, PCS y 2.5 GHZ, siendo que estas están sobrevaluadas en promedio en más de 60 por ciento respecto de la media internacional.
“Lo que pensamos es que en congruencia con los argumentos para haber incrementado el monto de los derechos de las bandas de 800 y 850, se debería haber propuesto una reducción a los montos del resto de las bandas, que se encuentran altamente sobrevaluadas”.
Al considerar el valor total de las bandas de frecuencia, la Secretaría de Hacienda decidió proponer una proporción derechos-contraprestación de 80.5 por ciento en derechos y 19.5 por ciento en la contraprestación, en lugar de lo que propuso el instituto de 30 por ciento derechos contra 60 por ciento de contraprestación.
“Esto significa que prácticamente el valor queda ya fijado en la ley y que no se permite que las fuerzas del mercado puedan determinar el valor real del espectro, que es justamente lo que se pretende que ocurra con los procesos de licitación pública”.
“Si el valor de salida, tomando en cuenta ya los derechos que tienen que pagar, es demasiado elevado entonces no hay descubrimiento de precios, y esto se ha traducido, ya lo hemos visto en procesos de licitación anteriores, en que el espectro que está asignando a valor mínimo de referencia”, acotó.
Otro punto es que para bandas nuevas que son propicias para el despliegue de Quinta Generación (5G), como la banda de 600 MHz, 3.3 a 3.6 MHz y la Banda L en 1.5 GHz, las cuotas no están tasadas pero Hacienda propuso valores 186 por ciento superiores a los propuestos por el IFT.
C$T-GM