Padrón de usuarios móviles amenaza derechos humanos

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Redacción
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Recolección y almacenamiento de datos biométricos, riesgo latente.

La vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona compromete gravemente el derecho a comunicarse de manera anónima y facilita el monitoreo de la población, lo cual vulnera el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad y hasta a la vida de las personas, han advertido organismos internacionales de derechos humanos como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU.

En sentido contrario a las recomendaciones y experiencia internacional, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

“Las personas que promueven el Dictamen ignoran que las autoridades investigadoras ya cuentan con herramientas para combatir delitos como la extorsión, tales como la posibilidad de realizar la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, así como el acceso a datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones respecto de toda línea de telefonía móvil ─incluyendo las de prepago─, los cuales incluyen datos de ubicación geográfica respecto de cada comunicación”, refirió la organización R3D.

En términos generales, señala R3D, el Padrón representa una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008 y eliminado en 2011 después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro. Lejos de incidir en la reducción del crimen, durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó 40 por ciento y del secuestro, 8.0 por ciento.

Lejos de contribuir a reducir la actividad criminal, el registro obligatorio de tarjetas SIM sería fácilmente eludible mediante múltiples técnicas y mecanismos actualmente utilizados para la suplantación de números telefónicos como: la clonación y duplicación de tarjetas SIM, el uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones en las que no existe un registro (como Estados Unidos), la utilización de servicios de voz sobre IP (VOIP), el robo de teléfonos móviles, entre otros.

R3D destaca que dada la facilidad con que es posible realizar llamadas telefónicas suplantando el número de teléfono de otra persona, se vuelve especialmente preocupante la redacción del artículo 180 Bis del Dictamen, que señala que “se presume […] salvo prueba en contrario” que los actos jurídicos realizados desde una línea telefónica corresponden a la persona asociada al mismo en el Padrón.

“Esto, además atentar en contra el principio de presunción de inocencia, implicaría el desperdicio de tiempo y recursos en el agotamiento de líneas de investigación que no conducen a la persona autora del delito”.

El dictamen, aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre y enviado al Senado de la República, integra también la obligación de recolectar y almacenar datos biométricos como parte del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

En caso de filtración, los datos biométricos, al constituir rasgos físicos ligados a una persona, como huella digital, rostro, iris o ADN, no son posibles de modificar o restituir, lo que se agrava debido a que el Dictamen pretende la construcción de una base de datos biométricos masiva y centralizada, que crea un punto único de falla altamente atractivo a ataques informáticos.

“Solo 17 países en el mundo exigen algún tipo de identificación biométrica para la compra de una tarjeta SIM. Dicha lista está predominantemente compuesta de países autoritarios como China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán, entre otros y que no incluye a ningún país plenamente libre y democrático”.

Otra de las aristas que la R3D analiza es que la creación y mantenimiento del Padrón tendría un enorme costo económico, tanto para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como para los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones, entre los cuales se encuentran proveedores de uso social sin fines de lucro, el cual se ha estimado podría ascender a más de 21 mil millones de pesos.
C$T-GM

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