Recomienda OCDE auditar desempeño de reguladores

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Guadalupe Michaca
Es socia fundadora de www.consumotic.mx. En la actualidad se desempeña como directora general de este medio de comunicación. Egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, suma más de 15 años como periodista especializada en el ecosistema digital. Formó parte del equipo de reporteros de la agencia Notimex. Es parte de la Red de mujeres líderes para promover la igualdad sustantiva en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y TIC, Conectadas.

IFT, regulador eficaz con mandato claro.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría llevar a cabo auditorías de desempeño de los órganos reguladores de acuerdo con la adopción de los principios de mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), elementos que pueden proporcionar información sobre la fuerza institucional de estos entes.

“Los principios de buenas prácticas de la OCDE de los reguladores constituyen un marco para mejorar el desempeño institucional y reducir el riesgo de influencia indebida. Sin embargo, la ASF podría no solo seguir un enfoque de cumplimiento al auditar estos principios entre reguladores, sino que también podría analizar el desempeño. La transparencia, rendición de cuentas y gobernanza de los reguladores requieren una evaluación de su eficacia y su contribución al alcance de objetivos”, recomienda el organismo multilateral.

En el reporte “Facilitando la implementación del mandato de la Auditoría Superior de la Federación de México. Política y Gobernanza Regulatoria”, elaborado por la OCDE y la ASF, se destaca la importancia de incorporar elementos para emprender una estrategia integral para auditar el desempeño de la política de mejora regulatoria en México, incluyendo herramientas, prácticas y metodologías, así como también el desempeño de los órganos reguladores.

El documento subraya que los indicadores de la OCDE sobre las medidas de transparencia, responsabilidad y ámbito de acción indican que los reguladores de energía y telecomunicaciones tienen mayor eficacia al adoptar estas prácticas que los reguladores de transporte.

“La ASF podría evaluar a través de la realización de una auditoría si estos hallazgos son consecuencia de la independencia jurídica y efectiva u otros arreglos institucionales. Adicionalmente, la ASF podría auditar si las medidas de transparencia han llevado a una toma de decisiones más eficaz por parte del regulador, o si estas son herramientas de escrutinio eficaces”.

Asimismo, la OCDE plantea como una línea de acción que la ASF efectúe auditorías para identificar si las prácticas implementadas por los reguladores tienen impactos en el desempeño, y emitir recomendaciones sobre su ejecución.

Los reguladores económicos y sociales, refiere el informe, protegen la neutralidad del mercado, fomentan la competencia y ayudan a garantizar el acceso a la calidad y la seguridad de los servicios públicos; constituyen la interfaz entre los regímenes regulatorios y los ciudadanos y las empresas.

Para cumplir sus funciones, los reguladores deben adoptar y aplicar decisiones imparciales, objetivas, basadas en evidencia que proporcionen previsibilidad al régimen regulatorio, inspiren confianza en las instituciones públicas y fomenten la inversión. Por consiguiente, se necesitan estructuras de gobernanza sólidas para apoyar a los organismos reguladores y las autoridades de inspección en el desempeño eficaz de sus funciones.

“Por esta razón, el documento OECD Best Practice for Regulatory Policy: The Governance of Regulators [Mejores Prácticas para la Política Regulatoria: La gobernanza de los organismos reguladores] elaborada por la OCDE tiene por objeto detallar los principios fundamentales para el establecimiento y el funcionamiento de los órganos reguladores y, por consiguiente, indica el fundamento de su evaluación institucional y del desempeño (OCDE, 2020)”.

Al explicar el principio de “Claridad del rol”, el reporte destaca que sólo mediante objetivos claros un regulador puede lograr los resultados y metas esperados. Por lo tanto, un regulador eficaz debe tener un mandato claro inscrito en un marco regulatorio amplio que deberá estar suficientemente desarrollado para lograr los objetivos institucionales.

En esta línea, subraya la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un ejemplo relevante surgido a partir de la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 que otorgó autonomía al regulador, así como capacidad jurídica y de gestión de sus propios activos. Además, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LTR) establece las facultades tanto del IFT y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“El mandato de la SCT está orientado al desarrollo del sector con actividades para asegurar la cobertura universal, la colaboración en acuerdos internacionales y el desarrollo de la infraestructura, entre otras. Anteriormente, había una Comisión que dependía directamente de la SCT. Como tal, la SCT aprobaba y negociaba el presupuesto del organismo regulador con la Secretaría de Hacienda. Así pues, existía el riesgo de que la SCT influyera en la actuación del organismo regulador y en la implementación de la política de telecomunicaciones”.

C$T-GM

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