Urge modernizar regulación y seguridad jurídica

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Dulce Arévalo
Es periodista con 20 años de experiencia en la cobertura de información nacional. Es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. A lo largo de su trayectoria profesional ha cubierto diferentes sectores y fuentes informativas en medios de comunicación como la agencia Notimex.

¿Redes de comunicacion son un lujo?

El sector telecomunicaciones, que paga más impuestos que otros y ha sido esencial en la coyuntura de la pandemia, requiere de la voluntad de actores públicos y privados para que se convierta en una verdadera fuerza de transformación de los ciudadanos y de los países de América Latina, con lo cual la región pueda afrontar la crisis económica que se avecina.

“Las buenas intenciones en análisis de impacto, los parches normativos y las decisiones de política pública sin diálogo ni consensos son una gran piedra en el camino del desarrollo no solo del sector, sino de la economía digital nacional y regional”, sostuvo Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).

En el foro virtual Iberoamérica Transformación Digital Now, aseguró que para una transformación digital transversal, inclusiva, ética y que genere crecimiento y bienestar para los latinoamericanos, deberá haber consistencia y equilibrio en tres componentes principales del sector.

El desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones; el cierre de la brecha digital, y las garantías de seguridad jurídica, entendidas como la regulación, la fiscalidad y las obligaciones en las que se desenvuelve el sector.

“Hay seguridad jurídica cuando hay un marco fiscal estable, que no introduzca impuestos específicos para la industria que de nuevo frenan en el medio plazo el desarrollo conjunto de la economía. Hoy la industria de telecomunicaciones en algunos países de América Latina paga impuestos al nivel de los cigarrillos y el alcohol, lo cual es absolutamente contradictorio con los objetivos de política pública declarados acerca de la universalización del acceso y los niveles de capacidad y calidad deseados por todos”, lamentó.

Si bien los operadores del mercado han invertido en infraestructura en los últimos años para conectar a más de la mitad de los latinoamericanos, se requieren inversiones adicionales por 161 mil millones de dólares sólo para alcanzar los niveles de conectividad de los países más desarrollados, detalló

La industria telecom necesita de políticas públicas que bajen el perfil de riesgo de estas inversiones, así como resolver el problema de los altos costos y tiempos en los trámites para la instalación de infraestructura, un problema que el sector ha arrastrado por lo menos durante 15 años.

La especialista destacó que el cobro de Derechos de uso, explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, no puede seguir bajo una mirada de priorización de ingresos fiscales, sino por el contrario objeto de políticas públicas que impulsen la expansión de los servicios del ecosistema digital.

“Es importante repensar cómo hacemos para que una mayor cantidad de los recursos generados en todo el ecosistema digital repercuta en el desarrollo de las telecomunicaciones. La infraestructura es la base de la digitalización. El impulso y estímulo para su desarrollo es esencial”.

Ante el reto impuesto por la emergencia sanitaria, es necesaria una nueva generación de alianza público-privadas multilaterales que habiliten formas innovadoras de llevar conectividad a las zonas rurales de la región para cerrar la brecha digital.

De igual firma es imprescindible marcos regulatorios modernos, importantes para impulsar el verdadero cambio hacia la digitalización de la economía, en donde todos los actores tienen responsabilidad de multiplicar las oportunidades para los latinoamericanos.

“O eliminamos los frenos a la inversión en infraestructura digital, de una manera decidida, con visión de largo plazo, como política de estado, o estaríamos en deuda para con las nuevas generaciones de latinoamericanos que más que nunca necesitan proyectarse al futuro de la mejor forma posible”.

Por separado, Alfonso Gómez Palacio, presidente Ejecutivo Hispam de Telefónica, coincidió en la importancia de la inversión en infraestructura, de la conectividad inclusiva, de contar con una competencia equilibrada y generar nuevas regulaciones para eliminar cargas impositivas al sector.

Al hacer un llamado a un diálogo para un acuerdo público-privado y asegurar una transición digital más justa y sostenible, el directivo planteó cinco pilares en los que es necesario trabajar para que las personas y las sociedades puedan tener un futuro más próspero.

El primero, dijo, es la digitalización, el cual exige una apuesta agresiva por la digitalización de las administraciones públicas, pero también el fomento de industrias 4.0 dirigidos a Pequeñas y Medianas Empresas.

Un segundo pilar es invertir en educación y competencias digitales, para abordar la desigualdad social; en tercer lugar mencionó la conectividad inclusiva y sostenible; y, como último punto una competencia equilibrada, para lo cual “tenemos que revisar los marcos regulatorios y fiscales”.

Gómez Palacio cuestionó la decisión del gobierno mexicano de proponer que la Red Compartida mayorista a cargo de Altán Redes, no pague los mismos Derechos sobre el uso de espectro que enfrentará el resto de los operadores, bajo el argumento de ofrecer un incentivo para atender la conectividad en zonas rurales.

“La pandemia llegó en un momento en que sólo 67 por ciento de la población de América Latina usa internet, y sólo 23 por ciento de la población rural lo utiliza, cuando la conectividad digital se trata de una infraestructura imprescindible para afrontar la crisis; es un verdadero amortiguador del distanciamiento social para familias y empresas, y no todo el mundo está hoy conectado”.

Si se quiere dar prioridad a la cobertura, insistió, entonces debe existir disposición para ampliar el plazo de las licencias sin coste adicional, así como asignar abundante espectro para desplegar redes 5G, sin considerar objetivos recaudatorios e identificar mecanismos viables de colaboración para la expansión del servicio en zonas rurales.

Recalcó que para impulsar la transformación digital, es necesario abolir políticas que elevan innecesariamente el coste del espectro y dificulten el despliegue de infraestructura, porque impuestos especiales y altos costos del espectro afectan la expansión de la cobertura.

“Si las redes de comunicaciones no son un bien de lujo, debemos dejar de tratarlas de este modo”.

C$T-EVP

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